La ley que regula este derecho que está íntimamente relacionado con la publicidad de los actos de gobierno y la libertad de expresión, lleva el número 27275 y fue recientemente reglamentada por el Decreto 206/2017.
Esta ley permite a cualquier persona física o jurídica sin tener que explicitar la razón, acceder a información de la Administración Pública, del Poder Legislativo y del Poder Judicial, y otros tantos organismos más como por ejemplo el Consejo de la Magistratura. Existen excepciones que tienen que ver fundamentalmente con la seguridad del Estado.
Es importante destacar que esta ley es el resultado de una lucha que llevó casi 10 años y que tiene como antecedente a una ley 104/1998 del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Dependerá de todos los ciudadanos el éxito de esta ley, que no sólo se relaciona con la transparencia sino con la necesidad de conocer determinada información que nos permite proteger otros tantos derechos de los cuales somos titulares.
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